¡CAPACITEMONOS URGENTEMENTE! 

 

   Las reformas constitucionales en materia de justicia implementadas en el 2008 por el Congreso de la Unión, hacen inminente, en todo el territorio nacional, la puesta en práctica de los llamados juicios orales en materia penal. 

   Llevados y traídos en boca de todos, aún muchas personas ignoran en que consisten este tipo de procedimientos y que conllevan con su aplicación. 

   Los juicios orales sustituyen al caduco, ineficiente y corrupto sistema de impartición de justicia penal que actualmente se aplica en la mayoría de los estados el país, al que no escapa Tamaulipas y particularmente Nuevo Laredo. 

   Al contrario del sistema de tipo penal inquisitivo que hoy tenemos, el proceso de juicio oral evita engorrosos procedimientos, papeleo y facultades discrecionales, perversas y deshonestas, que actualmente se dan a favor de policías, ministerios públicos y jueces. 

   Tratar de convencer de lo contrario sería una inversión inútil.  

   Hoy, alguien que se encuentre inserto en los procesos de imparticiòn de justicia de México, Tamaulipas o Nuevo Laredo, excepcionalmente aprobaría el más elemental examen que de su labor se haga en el animo ciudadano. 

   La práctica del juicio oral, trae consigo,  como su principal aporte a la vida nacional el que la ciudadanía tenga mas confianza en este sistema de justicia que garantiza el cumplimiento y observancia  de los derechos fundamentales, siendo su principal característica que se trata de un proceso más humano. 

   El juicio oral se celebra con audiencias  públicas, abiertas  y siempre en presencia de los jueces, donde el ministerio público y la defensa presentan  sus testimonios y argumentos  defendiendo su postura del caso. 

   Median en el, la ciencia y la investigación policíaca. Los representantes de ésta comparecen a juicio y deben generar convicción en el juez. No bastan las declaraciones de los vinculados a proceso. La sociedad conoce  del curso del proceso, existe igualdad y equilibrio entre las partes. Se sentencia inmediatamente o a más tardar dentro de las 24 horas siguientes. 

   Para ello se implementaron una serie de reformas constitucionales que permiten a la persona vinculada a proceso ser considerada como inocente hasta probarse lo contrario, es decir, su encarcelamiento es excepcional,  pues la prisión preventiva se coloca en la última de las opciones en tanto se investiga.  

   La guarda de silencio del investigado no le perjudica, se invalida la confesión hecha ante el ministerio público y sólo la declara valida si se hace ante el Juez. Anula las pruebas obtenidas mediando violación de garantías y establece la indemnización por parte del Estado a favor de quien hubiese sido sometido a prisión preventiva y se le declarara inocente posteriormente. 

   En todo ello el Estado esta obligado a invertir recursos económicos  en la capacitación de los abogados a su servicio, ya sea en la procuraduría de justicia  o en al Poder Judicial. Edificaciones, infraestructura en laboratorios, cuanto haya que hacer para eficientar y profesionalizar  el papel de la policía, el ministerio público, los jueces y la defensa. 

   Sin embargo, todo esto estaría muy bien,  sino es por que a los abogados litigantes,  practicantes de esa hermosa profesión,   liberal por esencia y naturaleza, desde tiempos inmemoriales,  se les coloca al margen de la derrama de recursos económicos para ser capacitados.  

   Ello constituye un absurdo,  pues,  después de que el Estado preparó a millones de ciudadanos en la profesión de abogados, dándoles para ello una cédula profesional con efectos de patente para ejercerla legalmente,  de conformidad con el artículo 5 constitucional, hoy con las modificaciones legislativas de un plumazo les cambia el panorama y los coloca en la ineptitud, al variar el sistema de impartición de justicia para el que no se les preparó. 

   Ante ello, los abogados han externado su preocupación y se preparan ya para exigir la colaboración del propio Estado para ser beneficiarios también de la derrama e inversión económica que se destina para preparar a los abogados al servicio del gobierno.  

   Al  abogado que estudió para un esquema de desarrollo de tipo justicia penal inquisitiva de carácter eminentemente escrito, con la implementación del Juicio Oral se le colocará en la ineptitud, pues se requiere contar con capacitación y técnicas que exige el sistema del juicio oral, entre ellas la de expresión corporal y verbal.
 
   Hoy por hoy las Barras de abogados están muy comprometidas a intentar resolver  el problema a que se habrán de enfrentar sus socios. La de Nuevo Laredo, ha encarado el problema y lo hace del conocimiento de las diversas propuestas políticas que intentan arribar al gobierno estatal. Se les plantea el grave problema y se pide implementar programas que permitan al abogado litigante prepararse para esta variante. 

  La búsqueda de todo tipo de apoyos por parte del gobierno y de las instituciones educativas se advierten como la opción más viable para que se promueva la capacitación de los profesionales del derecho, ante la inminente llegada de los juicios orales, que podría dejarlos a la zaga. 

Adelante sociedad civil.